QuéPasaColima.- El coordinador de Movimiento Ciudadano
en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que la estrategia
antiplagios presentada este martes por el gobierno federal es un
"plagio" del plan del sexenio anterior en esta materia.
El legislador
federal comparó el programa anunciado por el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008 con 74 propuestas para combatir
–ente otros delitos– el secuestro.
Monreal señaló
similitudes entre el contenido del decálogo antisecuestros del gobierno de
Enrique Peña Nieto y la propuesta planteada en la administración del entonces
presidente Felipe Calderón, la cual –según el líder parlamentario– no dio
resultados.
"Si hace seis
años, con un 'Acuerdo Nacional' de 74 acciones el secuestro y otros delitos se
triplicaron, ¿con una mini estrategia de sólo 10 de aquellas acciones, qué se
puede esperar?", indicó un texto publicado en la página de internet del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.
El diputado puso
como ejemplo que el punto 1 del plan del Gobierno de la República es la
"Coordinación y confianza entre las dependencias y el uso de inteligencia
por encima de la fuerza”, del cual ve similitudes con el punto X de Acuerdo
firmado en 2008: "Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo
institucional de atención a la seguridad pública, para garantizar la
responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios”.
Monreal afirma que
el punto 2 de la estrategia de la actual administración, "Fortalecer
capacidades operativas de las unidades antisecuestro en las entidades, en
particular de las 10 con mayor incidencia del delito", equivale al punto
III y el XLVIII del plan de Calderón, que se refieren al apoyo para crear
unidades estatales antisecuestro.
En cuanto al punto
3 del programa del gobierno federal –"Trabajar con congresos locales y
gobernadores para ajustar el marco jurídico, homologando criterios"–, el
diputado encuentra parecido con los puntos XXXII y XLIX establecidos en el
sexenio pasado, referentes a impulsar una Ley General del Delito del Secuestro
y a adecuar las instituciones y legislaciones de seguridad pública estatales
con el marco nacional.
El punto 4,
"Conformar un sistema único de análisis de información que contenga la
base nacional de datos criminales", –de acuerdo con Monreal– equivaldría
al punto XVIII de la estrategia anterior: "Implementar un módulo de
información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma
México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro: La
Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la
República, se comprometen a poner en operación un módulo de información
específica relacionada con el delito del secuestro. Tiempo de ejecución: seis
meses".
El coordinador de
Movimiento Ciudadano acusa que otro "plagio" de esta iniciativa es el
punto 5: "Iniciar una campaña en medios de comunicación que oriente sobre
acciones de prevención y promueva la denuncia", en comparación con el
punto XX del plan de Calderón: "Instrumentar campañas para promover la
cultura de la legalidad: Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación,
Educación Pública, Función Pública, así como la Procuraduría General de la República,
se comprometen a producir y difundir en los medios de comunicación campañas que
fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de
prevención del delito y denuncia ciudadana. Tiempo de ejecución: tres
meses".
El punto 6
establece: "Diseño y puesta en marcha, a más tardar en marzo, de un
protocolo único de atención ciudadana de secuestro" y, siguiendo a
Monreal, es igual al punto VI del plan de 2008: "Fortalecer y consolidar
las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional: Las secretarías
de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como el
DIF-Nacional y la Procuraduría General de la República, se comprometen a
celebrar convenios con entidades federativas e instancias de la sociedad civil
en la materia, y a formular protocolos de actuación coordinada e intercambio
efectivo de información entre instituciones y órdenes de gobierno. Tiempo de
ejecución: seis meses”.
Monreal sostiene
que el punto 7 de la estrategia de Peña Nieto, "Vigilar y evaluar
permanentemente el comportamiento de todos los elementos que integran las
unidades antisecuestro del país", determina lo mismo que los puntos XLVI y
LXIX del presentado por Calderón, que hablan sobre la depuración y
fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia,
así como mecanismos de monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar
la corrupción y aumentar la eficiencia.
El líder
parlamentario alerta que el punto 8, "Impulsar en el sistema penitenciario
un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de
alta seguridad", tiene que ver con punto XIII avalado en 2008:
"Fortalecer el Sistema Penitenciario. La Secretaría de Seguridad Pública
se compromete a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de alta
seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores. Tiempo de
ejecución: dos años”.
El punto 9, indica
Monreal, es "Fortalecer los programas de atención a víctimas de secuestro
para ofrecer apoyo integral", y era la labor de la extinta Procuraduría
Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), recientemente
transformada en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El legislador
federal remata sobreponiendo el punto 10: "Todas las acciones estarán
sujetas a un programa de evaluación y seguimiento que hará la Coordinación
Nacional Antisecuestro" con el punto LI del plan calderonista:
"Establecer indicadores de evaluación y seguimiento: (Los tres órdenes de
gobierno) se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las
instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la
metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias
ciudadanas. Tiempo de ejecución: tres meses”.
Moreal califica en
su texto al decálogo antisecuestro de Peña Nieto como "un conjunto de
propuestas reactivas, al 'botepronto', con más intencionalidad política de
administrar y contener que de afrontar y atender el problema desde su
raíz".
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