Por si fuera poco,
la posible muerte de Tamayo a manos del sistema de justicia texano pone de
relieve las omisiones que el gobierno estadounidense estaría obligado a atacar,
luego de la victoria obtenida por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)
en contra del gobierno estadounidense desde el 2004 ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) sobre el caso de 50 mexicanos sentenciados a muerte.
En entrevista, el
académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista
en relaciones internacionales Pedro Medina Rodríguez, aseguró que la
administración encabezada por Barak Obama ha desviado su obligación de hacer
cumplir la resolución de la CIJ.
Dicha resolución
exigiría “no condonarles la pena de muerte”, sino “acatar las medidas
cautelares” que llevarían a la anulación del juicio por el que Tamayo se
encuentra en el corredor de la muerte:
“Esa medida que hoy
se han negado a cumplir es la misma por la que la administración de Felipe
Calderón estuvo obligado a liberar a Florence Cassez. Entonces, ¿a qué panorama
nos enfrentamos?
“Primero y lo más
evidente, la resolución no exime a Edgar del probable delito que cometió.
Segundo, que en efecto hubo inconsistencias en su juicio, como el hecho de que
no se le notificó al consulado mexicano sobre su retención. Tercero, que
Estados Unidosse ha negado a revisar el caso y nulificar el juicio”, expuso
Medina Rodríguez.
La argumentación
mexicana
El dictamen de la
CIJ con el cual se puso en marcha lo que se ha llamado “caso Avena” tuvo lugar
el 31 de marzo del 2004. Ésta corte resolvió, con base en el derecho
internacional, una controversia sobre la aplicación y la interpretación de la
Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares de 1963, medida que fue
aplicada en plena Guerra Fría y luego ratificada por los gobiernos de EE.UU. y
México.
De esta resolución
depende no sólo la “igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad
entre las naciones”, como reza dicho documento, sino también la suerte de
cientos de mexicanos arrestados en el país del norte, que a menudo no reciben
protección consular e incluso se les niega el conocimiento de sus derechos
primarios, como recientemente dio a conocer un comunicado de Amnistía
Internacional (AI).
De acuerdo con el
artículo 36, inciso B, de la Convención de Viena, en caso de detener a un
extranjero en su territorio los Estados firmantes están obligados a: 1) avisar
“sin dilación” al consulado que tienen a un ciudadano suyo retenido; 2)
amparados en la Ley Miranda, dichos Estados además están sujetos tanto a
informarle al detenido en su idioma sobre los cargos y derechos por los cuales
se le arresta, como a hablarle a su consulado para recibir defensa legal.
Ésta dice
literalmente: “las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar
sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su
circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier
forma, detenido o puesto en prisión preventiva.
”Cualquier
comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida
o puesta en prisión preventiva, le será asimismo trasmitida sin demora por
dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona
interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado”.
Al respecto, el
profesor Medina Rodríguez aseguró que, hasta antes del 2001, varios mexicanos
cuyos juicios pudieron haber sido aplazados o recomenzados, desconocían su
derecho a ser juzgados de la manera correcta. De hecho, las misiones
diplomáticas hasta entonces se habían enfocado a los pronunciamientos
políticos.
Aquel año
representó un paradigma para el desarrollo posterior del “caso Avena”, al darse
a conocer, a tres meses de llevarse a cabo, la sentencia de ejecución contra el
ciudadano mexicano Gerardo Valdés Matos. Éste, durante los once años que
permaneció encerrado, no recibió ningún tipo de asesoría legal por parte del
Estado mexicano al no avisársele esta garantía. Las presiones diplomáticas
lograron que fuera conmutada la pena.
Tiempo después, las
ejecuciones se reanudaron. En el estado de Texas el próximo en la lista del
corredor de la muerte fue Javier Suárez Medina, por cuyo caso fue presentada en
el Congreso de la Haya una reserva para que éste interviniera. “Les pedían la
revisión, no el perdón.” A partir de éste caso y otros tres más, surgió el
fallo a favor de México por parte de la CIJ.
“El equipo montado
por la abogada Sandra Babcock y, en especial, el trabajo de Alonso Gómez
Robledo (entonces cónsul en Estados Unidos), tuvo una victoria muy
significativa –amparada en el derecho internacional– sobre el gobierno
estadounidense. De verdad, no se trata de cualquier cosa, pero la gente no lo
sabe. Respecto a la defensa de mexicanos a los que se les imputa pena de
muerte, en especial, los de Estados Unidos, creo que el equipo hizo un muy buen
papel… el problema vino después”, afirmó Medina.
¿Si el papel del Estado mexicano en la defensa de estos
mexicanos ha sido correcta, entonces por qué Edgar está en el pabellón, a punto
de ser ejecutado?
Pedro Medina
Rodríguez ‒
Sin duda intervienen varios factores. Pero creo que el más
importante ha sido que al gobierno estadounidense no le ha interesado acatar la
resolución de la Comisión Interamericana. Otro es que el gobierno local [en
Texas] está encabezado por un republicano, ¿tú crees que les interesa reanudar
el juicio contra un mexicano acusado de asesinar a un policía? Lamentablemente
ellos sólo le están respondiendo a su electorado y a la opinión pública, que es
muy fuerte.
La politización de
la muerte en Texas
De acuerdo con una
denuncia recién presentada por el organismo de derechos humanos Amnistía
Internacional, Estados Unidos es el único país de América que durante el último
año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrió la mayoría
de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad
de ser sentenciados a pena de muerte.
Sólo en los doce
años que van de la administración del conservador Rick Perry, se ha ejecutado a más de 250 personas en dicho
estado. La ominosa cifra, además, ha sido una de las más altas de la historia
de los EE.UU., pues de las 508 ejecuciones desde 1977 –según cifras de Death
Penalty Information Center– casi la mitad ha sido con el actual gobernador.
Respecto al
incumplimiento de la sentencia amparada en la Convención de Viena, AI también
ha remarcado los casos de dos ejecuciones que se llevaron a cabo en años
pasados, saltando encima del derecho internacional: la de José Medellín llevada
a cabo en 2008 y la de Humberto Leal ocurrida en el 2011.
Una reciente
comunicación epistolar entre el gobernador de Morelos, México –estado de donde
es oriundo Edgar Tamayo– y Rick Perry, remarcó los sesgos políticos que
contiene el tema: el asesinato del agente policíaco en Houston, Guy Gaddis. “No
importa de dónde viene. Si usted comete un crimen despreciable de este tipo en
Texas, usted está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo
por un jurado y la pena máxima”, escribió Perry a Graco Ramírez.
Los abogados que
han llevado la defensa, Sandra Babcock y Maurie Levin, recientemente se
pronunciaron conjuntamente sobre el tema, revirando las imputaciones hechas
contra el condenado:
“El gobernador
Perry tiene toda la razón, alguien que comete un crimen en los Estados Unidos
debe ser juzgado con base en las leyes de los Estados Unidos, merece un juicio
justo y el ser juzgado por un jurado, y es exactamente lo que estamos pidiendo
en el caso de Edgar Tamayo. La violación
de su derecho de pedir la ayuda del consulado mexicano le negó la oportunidad
de tener un juicio justo. El gobernador
Perry debería cumplir su promesa de permitir que se revise el caso de Edgar
Tamayo para que éste reciba el proceso justo que merece.”
Pese a los
argumentos presentados, ayer el gobernador Perry desecho la revisión y ratificó
la sentencia de muerte.
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