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Dos de ellos fueron
notificados por el caso de Valentina Rosendo Cantú, y los otros dos, con
respecto al de Inés Fernández Ortega.
Dicho Centro
declaró en un comunicado, que: “considerando los antecedentes de amenazas en
contra de las señoras, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña demanda que
se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y sus
representantes”.
Asimismo, expuso
que “para ello, será indispensable que la opinión pública nacional e
internacional continúe atenta al desarrollo de los juicios, que apenas
inician”.
Las víctimas fueron
violentadas en diferentes lugares y fechas del transcurso del 2002, en manos de
militares efectivos del 41 Batallón de Infantería.
A pesar de haber
realizado la denuncia antes las autoridades guerrerenses, en ningún momento se
llevó a cabo la investigación y castigo correspondientes a los responsables;
hasta que ambas mujeres, asesoradas por el Centro, recurrieron ante instancias
internacionales. De esta forma, en el 2010, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.
Posteriormente,
hasta octubre de 2013 fueron liberadas las órdenes de aprehensión en contra de
los cuatro militares, quienes ahora enfrentan acusaciones por los delitos de
violación sexual, tortura y abuso de autoridad.
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