A
diferencia del Código Electoral federal y de catorce estados -el DF, Jalisco y
Nuevo León, entre otros-, que establecen la rendición de cuentas sobre cómo y
en qué gastan los partidos políticos, en la entidad mexiquense es imposible
acceder a esa información a través de su Ley local de Transparencia.
QuéPasaColima.- El Código Electoral del Estado de
México es una excepción en el país: es el único que impide de manera expresa
transparentar cómo los partidos políticos gastan los recursos públicos que les
son asignados.
A diferencia del
Código Electoral federal y de catorce estados -el DF, Jalisco y Nuevo León,
entre otros-, que establecen la rendición de cuentas sobre cómo y en qué gastan
los partidos políticos, en la entidad mexiquense es imposible acceder a esa
información a través de su Ley local de Transparencia.
La disposición
quedó aprobada desde la reforma electoral del Estado, realizada por el Congreso
mexiquense -dominado por el PRI- en 2008, y cuando aún era gobernador Enrique
Peña Nieto.
El artículo 53 del
Código Electoral estatal plantea las obligaciones de los partidos en materia de
transparencia. Por ejemplo, deben hacer públicos sus documentos básicos,
directorio, plataforma electoral, montos de financiamiento y las
determinaciones que tome el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
sobre los gastos de precampañas y campañas, una vez que hayan concluido los
procedimientos de fiscalización.
Sin embargo, en la
fracción V, donde se enuncia cuál es la información clasificada, se lee: “No
será pública la información relativa a (…) los informes anuales o parciales de
ingresos o gastos y sus anexos técnicos”.
Las legislaciones
del DF, Jalisco, Nuevo León, Tabasco o la federal sí incluyen los informes
anuales o parciales de gasto como una obligación de los partidos en materia de
rendición de cuentas.
Animal Político
solicitó hace unas semanas información sobre diversos gastos realizados por los
partidos políticos en el Estado de México. Sin embargo, la Oficina de
Información Pública del Instituto Electoral estatal señaló que la información
no puede entregarse por impedimento del Código Electoral vigente.
Para Khemvirg
Puente -académico de la UNAM especializado en transparencia del sector
legislativo y electoral-, el caso del Estado de México es “un ejemplo de cómo
aún existen islas de opacidad en la estructura pública del país y de los
Estados”.
“Es una excepción
que, sin duda, debe corregirse. Sobre todo ahora que entren en vigor las nuevas
disposiciones en materia de transparencia que se aprobaron en la Constitución”,
señaló.
“Otra isla de
opacidad son el Congreso federal, con sus dos cámaras, como los Congresos de
los Estados, y también los partidos políticos a nivel federal y estatal. Y en
algunos casos amparados en la propia Ley, como ahora es el caso del Estado de
México que protege a los partidos de rendir cuentas”.
Para Miguel Ángel
Juárez, exconsejero del IEEM, la opacidad en el gasto de los partidos es
símbolo de que “hay una clase política que usa los recursos públicos de manera
patrimonial y sin rendir cuentas a nadie”.
A su juicio, no
sólo es el Código Electoral plantea un retroceso en la rendición de cuentas,
sino que el Instituto tampoco trabaja por revertirlo.
“Lo peor es que a
la legislación de retroceso que permite la opacidad se suma la ceguera y la
inacción del consejo General del Instituto para fiscalizar adecuadamente los
gastos partidarios“, señaló en entrevista.
Al hacer una
revisión de la legislación electoral de las 32 entidades, se detectó que 17 no
hacen mención a la rendición de cuentas sobre sus gastos o remiten a sus Leyes
locales de transparencia.
Con la reforma
constitucional en materia de transparencia, ahora los casos estatales podrán
escalar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), organismo que
podrá ordenar a los Estados hacer pública información o que se mantenga cómo
clasificada o reservada.
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