QuéPasaColima.- Al fin un poder legal le da cauce a una acusación formal
contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y sus cómplices. Se trata de
la autoridad judicial española, que envió un exhorto a México para que sean
embargados los bienes de Duarte; su esposa, Bertha Olga Gómez, y su socia Alma
Dalila Martínez Corrujedo. Los hilos de esa trama revelan hasta dónde llegan
las complicidades políticas, financieras y familiares de uno de los mandatarios
más señalados del país.
La red de corrupción del gobernador César Duarte Jáquez fue evidenciada
ante las autoridades judiciales de España, donde fue demandado junto con su
esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo
–accionista de Unión Progreso, su institución financiera en proceso de
convertirse en banco–, por una deuda de casi 4 millones de dólares que
presuntamente quiso pagar en parte con recursos estatales.
Concepción Martínez Parra, letrada de la administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, ordenó ejecutar en
cualquier momento un embargo contra los bienes de los demandantes, a petición
de los representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez y
Corporación Empresarial, S.L (ACM). El plazo para cumplir el exhorto es
inmediato.
El abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien demandó
en 2014 a Duarte Jáquez por peculado, uso indebido de atribuciones de la
función pública y enriquecimiento ilícito ante la Procuraduría General de la
República (PGR), dio a conocer que tiene contacto con la empresa demandante y
que se encarga de la cobranza, así como con el despacho que lleva el caso.
García Chávez afirma que la columna vertebral de desvío de recursos es
precisamente Unión Progreso o el Banco Progreso Chihuahua.
Explica que existe una orden de embargo desde que el juez español envió
a la cancillería española el exhorto para que México atienda el caso a través
del Poder Judicial de la Federación. Éste lo canalizó a un juez de distrito de
Chihuahua para que obligue a Duarte y compañía a pagar 3 millones 760 mil 570
dólares.
Para García Chávez, el juicio “evidencia el modo en el que Duarte estaba
operando para pagar deudas con recursos públicos, pero la corporación
(española) tiene ética e intereses en Chihuahua, sobre todo en la región de
Anáhuac (municipio de Cuauhtémoc) y la empresa está dispuesta a llegar hasta
las últimas consecuencias para recuperar el dinero que utilizaron en la compra
de invernaderos para hacer una pradera, entre otras cosas”.
El exhorto es resultado de una demanda presentada el 23 de septiembre de
2015 por la empresa fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España,
para reclamar el pago de los productos mencionados a Duarte Jáquez, su esposa y
Martínez Corrujedo.
Esta última tiene acciones por 45 millones de pesos en Unión Progreso,
es esposa del ganadero y maderero Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte
Jáquez que desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de Parral.
Era hermano de Víctor Guzmán Orquiz, quien fue director de Desarrollo Forestal
durante casi todo el sexenio de Duarte Jáquez.
La empresa Ángel Cano Martínez demandó a los Duarte, Gómez y Martínez
Corrujedo cuando intentaron negociar una parte de la deuda, 2 millones de
dólares, con recursos sustraídos del erario de Chihuahua. Y para no poner en
duda la ética y solvencia moral de su corporativo, decidió demandar y exigir
judicialmente la cobranza.
En el exhorto de las autoridades judiciales españolas, piden embargar
cinco propiedades de Martínez Corrujedo: cuatro ubicadas en Chihuahua y otra
que está en Casas Grandes.
Las propiedades del matrimonio Duarte Gómez sujetas de embargo son: 15%
de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de
Fideicomiso número 744743 de Administración e Inversión, formalizado ante el
notario público número 6, en noviembre de 2012.
Las sociedades financieras de Unión de Crédito Progreso, Akala S.A. de
C.V.S.F.P., y Única Casa de Cambio S.A.; el hotel Soberano (hoy Sheraton), que
fue centro de operación de la campaña a la gubernatura de Duarte y del
excandidato priista Enrique Serrano Escobar; Hidroponia de Parra, S.A. de C.V.;
Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V., e Hidroponia de Chihuahua.
De igual forma están sujetos a las medidas cautelares los saldos de
cuentas corrientes de Duarte y Olga Gómez depositados en el Banco Progreso de
Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso,
S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex,
Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco
Regional de Monterrey.
Lo mismo ocurre con 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicados en
Parral, nueve en el municipio de Balleza y otra de Ciudad Juárez.
Además de las cuentas corrientes de Martínez Corrujedo, están sujetas a
embargo sus acciones en Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa
Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y
Edificaciones, Banco Progreso de Chihuahua y cinco fincas inscritas en el
Registro Público de la Propiedad.
El juicio sigue en curso, indica García Chávez.
Otros socios de Unión Progreso
El diputado federal por el Distrito 9 con sede en Parral, Carlos Gerardo
Hermosillo Arteaga, también enfrenta la demanda presentada por García Chávez
ante la PGR por enriquecimiento ilícito, corrupción y uso indebido de
atribuciones.
Su suplente es Antonio Enrique Tarín García, sobrino del gobernador,
quien durante la actual administración ha sido director de Adquisiciones y
Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal; director de Administración y
Finanzas del cuestionado Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), donde
fue señalado por adquirir dos camionetas de lujo en pleno decreto de
austeridad: una Tahoe para él y una Suburban para Alfredo Riosvelasco.
Hermosillo Arteaga está involucrado en otra demanda penal por
enriquecimiento ilícito, porque era funcionario al incrementar su patrimonio y
el de su esposa a 14 millones de pesos. Además tiene una demanda civil por
adquirir un predio con problemas legales a nombre de una entidad financiera no
regulada.
El legislador ha estado cerca de César Duarte en sus negocios personales
en Parral desde hace años, lo mismo que en la Unión Ganadera División del
Norte, fundada por Duarte cuando era diputado federal. Ese membrete compartió
domicilio con proveedores de medicamentos del gobierno del estado, en un claro
conflicto de intereses (Proceso 1991).
Hermosillo escaló rápido: los dos primeros años y medio del sexenio de
Duarte fue director del Fideicomiso Estatal de las Actividades Productivas en
el Estado de Chihuahua (Fideapech), luego director general de Administración de
la Secretaría Hacienda estatal y posteriormente presidente de la Junta Central
de Agua y Saneamiento (JCAS), de donde solicitó licencia para postularse a la
curul federal.
La demanda penal ante la PGR fue interpuesta en contra de Duarte, Hermosillo
y el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, por crear el nuevo
banco y capitalizarlo con 65 millones del fideicomiso creado por Duarte y su
esposa, así como 10 millones de Carlos Hermosillo y 45 millones de Alma Dalila
Martínez Corrujedo.
Entre los socios del banco aparecen otras personas cercanas a Duarte:
Elia Patricia Berjes Chávez, con una aportación de 52 millones de pesos, es
cónyuge de Jaime Galván Guerrero, a quien el gobernador apoyó el año pasado en
su fracasada aspiración a ser diputado por el Distrito 5 de Delicias.
Federico Duarte Medina (primo de Duarte Jáquez, exrepresentante de la
asociación ganadera del gobernador y actual presidente de la Unión Regional
Ganadera de Chihuahua), aportó 12 millones.
En entrevista, y a condición de que sus nombres no sean publicados, tres
habitantes de Parral hicieron llegar información sobre Alma Dalila Martínez
Corrujedo y su esposo desaparecido, Olegario Guzmán:
“Como para el 2000 hizo mucho dinero, (Olegario Guzmán) le metió mucho
dinero a la campaña de Duarte, pero poco antes de que rindiera protesta como
gobernador el compadre desapareció y aún no se conoce su paradero. La esposa se
quedó con los negocios, pero vimos que empezaron a caer, por eso mucha gente no
se explica de dónde sacó 45 millones para depositarlos en el banco”, relata una
de las personas citadas.
La otra agrega que durante esta administración una sociedad compró el
hotel La Mina y entre los socios aparece José Guadalupe Yáñez, a quien personas
relacionadas con el ramo farmacéutico ubican como uno de los principales
aportantes a las campañas electorales priistas.
Martínez Corrujedo aparece con su registro MACA 680911M3 y otras mil 895
personas en el padrón de contribuyentes incumplidos que emitió el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en Chihuahua.
También está en esa lista Víctor Guzmán, cuñado de Martínez Corrujedo,
quien fue despedido como director de Desarrollo Forestal en junio pasado,
después que fue demandado por ejidatarios tarahumaras, pequeños propietarios y
técnicos forestales de Güerachi y Agua Blanca, municipio de Guachochi, por tala
clandestina en sus bosques. Lo acusaron de robo ante la Comisión Nacional
Forestal.
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