El partido
sepulta la iniciativa de Enrique Peña Nieto ante la presión de los
ultraconservadores
QuéPasaColima?.- El PRI está cerca de sepultar la iniciativa del presidente
Enrique Peña Nieto para modificar la Constitución y legalizar el matrimonio
igualitario en todo México. Los líderes del partido en el Congreso han dejado
claro que la propuesta no es prioridad para el grupo, que controla la Cámara de
Diputados y el Senado. El gesto ha sido interpretado por algunos como una
capitulación del partido del poder ante los sectores más conservadores de la
Iglesia, que han emprendido una feroz cruzada en nombre de la familia para
impedir que los homosexuales contraigan nupcias en los 32 Estados del país
El Congreso
abre un nuevo periodo de sesiones el 1 de septiembre. Ese día la propuesta del
presidente Peña Nieto comenzará una carrera contrarreloj para evitar dormir el
sueño de los justos. Los indicios no son buenos. César Camacho, expresidente
del PRI y líder de los diputados, fue el primero en decir que la iniciativa
sería estudiada después de un cúmulo “enorme, casi interminable, inabarcable de
asuntos”. Las palabras de Emilio Gamboa, un veterano político y líder de los
senadores tricolores, tampoco dieron un futuro halagüeño a la propuesta
presidencial. “Mi impresión es que hoy en el país no es un tema prioritario y
no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo
adelante”, dijo esta semana el legislador.
Los grupos de
activistas en favor de los derechos de las minorías aún guardan esperanzas. “No
han tomado una decisión como grupo parlamentario”, opina Lol Kin Castañeda, la
primera lesbiana que se casó en México en 2010 y una de las mujeres que redacta
la primera Constitución de la Ciudad de México. Castañeda cree que dentro del
PRI existe un fuerte debate interno entre los sectores progresistas y
conservadores. La abogada asegura que ha solicitado una reunión con el
presidente del partido, Enrique Ochoa, que asumió el cargo en julio con un
discurso modernizador y autocrítico. Las minorías quieren exigirle al dirigente
una postura menos ambigua en el tema. “Como partido tienen una responsabilidad
con la justicia y la Constitución”.
Otros ven
claramente la claudicación del Gobierno frente a la Iglesia. “Los obispos están
viendo la debilidad de la actual Administración para hacer avanzar su agenda”,
dice Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos. El sociólogo
considera que la laicidad del Estado está en juego en un momento donde el
presidente cuenta con una de las aprobaciones más bajas registradas y que tiene
varios frentes de oposición abiertos. “Los sectores ultraconservadores están
asestando un golpe y lo están colocando en una posición muy incómoda”.
La
ultraderecha ha tensado la cuerda. A la oposición a la iniciativa de matrimonio
igualitario ha sumado la exigencia de revisar los libros de texto para eliminar
los temas de género en la educación preescolar y básica. Estos sectores de la
Iglesia católica, considerados por Barranco como los más fascistas e
intolerantes, creen que este tipo de enseñanza promueve la homosexualidad en
las escuelas. La Iglesia ha convocado a sus fieles a salir a las calles de
varias ciudades del país los días 10 y 24 de septiembre para hacerse escuchar.
“Este llamado
es una prueba importante para medir el músculo de la Iglesia”, considera el
sociólogo. La última gran concentración religiosa, a excepción de las visitas
del Papa, fue en la Ciudad de México hace casi 30 años. Cerca de 160.000
personas llenaron el Zócalo en una protesta contra el aborto.
“Están
llamando a marchas nacionales para proteger algo que no está en riesgo”, dice
Lol Kin Castañeda. “Ningún derecho retrocede cuando se amplían los derechos de
otros grupos”, explica. La activista considera que los sectores
ultraconservadores han hecho una campaña de “desinformación” donde han
recurrido a los “insultos, ataques y agresiones” contra la comunidad LGTB.
El Gobierno ha
avalado las movilizaciones religiosas. Las asociaciones LGTB han criticado la
tibieza de las autoridades encargadas de vigilar la distancia entre el poder y
la Iglesia contemplada en el artículo 130 de la Constitución. En el texto,
México apuesta por la laicidad como una herramienta política de convivencia
tras las tensiones entre la política y la religión que marcaron el siglo XIX.
Ese artículo desató en 1926 la Guerra Cristera, que dejó 250.000 muertos
después de que los religiosos tomaran las armas para luchar contra el Gobierno.
Los matrimonios
igualitarios han provocado un gran debate en México. Diez entidades los
permiten en sus registros civiles. Otros 22 se oponen a modificar sus leyes
locales para ajustarlas al fallo de la Corte Suprema mexicana, que avaló estas
uniones en junio de 2015. Entre los que muestran resistencias hay gobiernos de
los tres partidos principales, incluido el PRD, considerado de izquierdas.
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