Se trata de casas y ranchos que en 2011 fueron atacados por
"Los Zetas", lo cual dejó, según autoridades locales, 50
desaparecidos, aunque activistas dicen que fueron 200.
QuéPasaCOLIMA?.- El 18 de
marzo de 2011 la muerte viajó hasta el municipio de Allende, Coahuila; justo a
las 17:30 horas alrededor de 40 camionetas con varios hombres armados sellaron
los accesos de la población y comenzaron una masacre, que no sería contada sino
cinco años después.
Como consecuencia de este
ataque al menos 41 casas resultaron afectadas; cinco años y medio después
éstas siguen siendo testigos de un suceso que marcó al municipio. De los
hechos poco o casi nada se habla e incluso en varias ocasiones se ha puesto en
duda.
De acuerdo con el alcalde Luis
Reynaldo Tapia, ese día fueron asesinados o desaparecidos más de 200 personas.
“Este problema rebasó al estado, a la
Federación y más a la policía municipal. Pero todos estaban en común acuerdo y
por lo mismo nadie hizo nada”, reprochó.
Según testimonios de la población y
del subprocurador de Personas Desaparecidas y no Localizadas en Coahuila,
durante poco más de 72 horas sicarios sacaron de sus casas a estas familias y
se las llevaron a la fuerza para cumplir una venganza supuestamente ordenada
por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40, líder de Los
Zetas.
La mayoría de las víctimas eran
familiares de José Luis Garza Gaytán y Héctor Moreno Villanueva, señalados
como los cabecillas locales de esa banda criminal quienes habrían robado entre
6 y 8 millones de dólares al grupo.
Los 41 inmuebles fueron destrozados a
martillazos, balazos e incluso con máquinas demoledoras. Actualmente estas
propiedades —34 casas y siete ranchos— continúan en ruinas y sus estructuras
permanecen como prueba de lo ocurrido.
“Esta es una imagen que ya no
queremos y si no hacemos nada los visitantes se van a ver intrigados por saber
que pasó. Justo cuando la población esté olvidando, alguien va a preguntar cómo
es que terminaron así esas casas y la verdad no queremos que esta herida se
convierta en una cicatriz aún más difícil de borrar”, explicó Tapia.
Detalló que el municipio no puede
demoler los inmuebles, pues son propiedad privada “y si llegamos a
derrumbarlas, nos meteríamos en conflictos con la ley”.
Una de las opciones que propone es
levantar una barda de tres metros, que cubra cada una de las casas, pues creen
que con ella lograrán olvidar lo ocurrido o, al menos, ocultarlo a la vista.
De estas estructuras, los siete
ranchos no representan conflicto, pues se mantienen lejos de la población y la
maleza ya ha creado una barrera natural. Sin embargo, las casas son un problema
latente que hace que los habitantes recuerdan de aquella tarde en la que les
arrebataron la paz.
La presidencia municipal indica que
en un principio buscaron a algún familiar lejano que pudiera hacerse
responsable de estos edificios en ruinas, pero la mayoría de los dueños están
muertos o los hijos ya no quieren regresar al municipio.
El alcalde aseguró que Allende
volverá totalmente a la tranquilidad cuando cada uno de estos inmuebles
desaparezca o sea cubierto, pues si el objetivo de los criminales era
escarmentar a los habitantes, el trabajo se cumplió y es momento de mostrar un
mejor rostro.
El subprocurador de personas
desaparecidas en Saltillo, Juan José Yáñez, aseguró que la búsqueda continúa. A
diferencia de los habitantes y del alcalde, asegura que los desaparecidos no
son 300, sino 50, de los cuales solo 20 eran empleados y 30 integrantes del
crimen organizado.
De esta cifra se sabe que la mayoría
fueron quemados en el Rancho los Garza y después tirados a algún río cercano.
Según Yáñez, las investigaciones
comenzaron formalmente hasta abril de 2012, es decir, un año después de lo
sucedido.
Los habitantes acusan que fue
precisamente en el “Rancho los Garza” donde surgió la violencia y que de ahí se
extendió al resto del municipio.
Luego de tres años de investigación,
la Subprocuraduría de Desaparecidos aseguró que hay 21 órdenes de aprehensión,
de las cuales 14 se han llevado a cabo.
Según el alcalde, Allende vuelve a la
tranquilidad: se han abierto comercios y han regresado más de nueve mil
habitantes que habían huido; sin embargo, familiares de la fundación Alas de
Esperanza dijeron que aún falta mucho por hacer, pues no pueden olvidar.
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