En
muchos casos de “alto perfil mediático”, como el Michoacanazo, se pretendía
difundir una imagen de que en el gobierno federal no prevalecería la impunidad
QuéPasaColima.- El ex presidente Felipe Calderón
ejerció “fuertes presiones” contra jueces que analizaban casos de “alto perfil
mediático”, con la intención de demostrar que durante su gobierno no
prevalecería la impunidad.
Lo anterior forma
parte de las conclusiones de un informe que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos presentó ayer en el Senado de la República sobre el uso de la
prisión preventiva en las Américas.
En el documento,
presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, se advierte
que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) se ejerció una
fuerte persecución, como medida de presión, hacia aquellos jueces que adoptaron
decisiones contrarias a en los procesos que llevaban, presuntamente
relacionados con la delincuencia organizada, como el Michoacanazo.
En este sentido se advierte
que entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012, la PGR detuvo a 9 mil 233
personas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Estas “presiones”
causaron que hoy México albergue en sus 419 centros penitenciarios una
población penal de aproximadamente 242 mil personas, de las cuales más del 40%
-es decir, poco más de 100 mil presos- no han recibido una condena.
Entre las causas de
este alto porcentaje de presos sin condena, destaca la mora judicial y la
amplia persecución de delitos menores, sobre todo patrimoniales en los que el
objeto es de poca cuantía.
Con estas cifras
México se ubica como tercer país de América -luego de Estados Unidos y Brasil-
con la mayor cantidad de personas privadas de libertad. Y dada la capacidad
instalada de 188 mil plazas, el país registra un nivel general de hacinamiento
del 26%.
Violencia y
hacinamiento
Durante la
presentación del informe Uso de la Prevención Preventiva en las Américas, el
relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la CIDH,
James L. Cavallaro, aseguró que derivado de este hacinamiento se han
incrementado los niveles de violencia entre internos.
Además, advirtió el
ombudsman, impera un ambiente en el que las condiciones de salubridad e higiene
son deplorables, se propicia la corrupción y, en definitiva, “genera serios
problemas en la gestión misma de los establecimientos penitenciarios”.
Esto ha generado
que durante los últimos cinco años, más de mil internos se hayan fugado de las
prisiones mexicanas y alrededor de 600 perdieran la vida.
Presos preventivos
caros
De acuerdo con el
relator de la CIDH, además de que se ha incrementado el número de violaciones a
presuntos responsables de un delito y se ha generado una crisis en el sistema
penitenciario del país, la gran carga fiscal es otro factor que deriva por el uso
excesivo de la prisión preventiva.
De acuerdo con los
datos aportados por Cavallaro, el último reporte de la CIDH correspondiente a
2006, cuando en el país había 92 mil presos preventivos, se reportó un gasto
total de casi 6 mil millones de pesos, solo para mantener a estas personas.
Recomendaciones de
la CIDH
Al entregar
información relativa al uso de la prisión preventiva en América, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos también emitió una serie de recomendaciones
en las que se incluyeron “principios generales”, a fin de que el proceso penal
se aborde bajo un enfoque integral.
Se pugnó por que
los procesos penales sean más agiles y se tramiten en un plazo razonable, bajo
una política criminal en la que se garanticen los derechos fundamentales.
En materia del
hacinamiento, el informe advierte textualmente que “se requiere la adopción de
políticas y estrategias que incluyan, entre otros elementos, las reformas
legislativas e institucionales necesarias para asegurar un uso más racional de
la prisión preventiva, y que realmente se recurra a esta medida de forma
excepcional”.
Presiones a jueces,
un tema muy común
La presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, aseguró que
la presión del Poder Ejecutivo hacia los órganos de justicia “es un problema
común que ha generado en una serie de atropellos”.
Entrevistada por 24
HORAS en relación al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que acusa al ex presidente Felipe Calderón de ejercer presión a jueces para
perseguir a presuntos delincuentes, la legisladora aseguró que “no es un
problema nuevo ni de un solo sexenio”.
“Los agentes del
estado ejercen presiones de diferentes maneras a otros poderes y lo que tenemos
que hacer es vigilar y tratar de que la ley sea muy clara para que ese tipo de
cuestiones no sigan sucediendo”.
De la Peña Gómez
aseguró que uno de los retos del Estado en ese sentido es transitar de un
sistema inquisitivo a un sistema garantista, que realmente fije directrices de
respeto a las garantías de quienes pudieran enfrentar un proceso penal.
“Falta mucho
todavía, falta mucho por hacer para tener un sistema de justicia distinto en
México, es un proceso largo que va a ir gradualmente cambiando y por supuesto
todo lo que estamos haciendo desde las leyes va a permitir que eso se logre.
Pero no se logrará ni en dos 3 o 4 años es un proceso gradual en el que tenemos
que trabajar”, manifestó.
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